El Congreso ya decidió ponerle fin al Estatuto del Periodista a partir del 1 de enero de 2027. Hasta el 31 de diciembre, la ley sigue vigente. Si llega enero y todavía no aprobaron una norma que lo reemplace o mantenga vigente, el Estatuto igual deja de regir.
Frente a ese plazo, periodistas de medios de distintas regiones del país reúnen firmas para pedir a diputados y senadores que mantengan el Estatuto vigente hasta aprobar una actualización. El reclamo busca evitar que se eliminen las protecciones específicas del trabajo periodístico mientras todavía se discute cuáles deberían reemplazarlas.
Qué es el Estatuto y qué derechos protege
Un estatuto profesional es una ley con reglas específicas para una actividad. El del Periodista Profesional, conocido como Ley 12.908, alcanza a quienes realizan tareas periodísticas habitualmente y cobran por ese trabajo. Incluye funciones como la redacción, la edición y el trabajo de reporteros gráficos, además de determinadas colaboraciones permanentes. Su origen está en un decreto de 1944, ratificado por una ley sancionada en 1946.
Entre sus protecciones, establece un máximo de 36 horas semanales de trabajo y contempla vacaciones y descansos. También dispone que estar afiliado a un sindicato o a un partido político no puede ser motivo para impedir que una persona ingrese a trabajar o para despedirla.
Además, fija condiciones especiales para los despidos sin justificación. El artículo 43 prevé, entre otros pagos, una indemnización adicional equivalente a seis meses de sueldo. Es una de las herramientas con las que la ley busca proteger la estabilidad de quienes trabajan en periodismo.
Qué votó el Congreso
En febrero de 2026, el Congreso aprobó la Ley de Modernización Laboral 27.802, impulsada por el gobierno de Javier Milei. Esa reforma modifica reglas de trabajo de distintas actividades e incluye la derogación del Estatuto del Periodista a partir del 1 de enero de 2027. Derogar una ley significa dejarla sin vigencia.
Por lo tanto, la decisión de eliminar el Estatuto ya fue votada. Lo que se dejó para enero es el momento en que tendrá efecto. El Gobierno presentó el conjunto de la reforma como una herramienta para facilitar la contratación, aumentar el empleo registrado y reducir los conflictos laborales que terminan en juicios.
Qué pasa si llega enero y no hay una ley nueva
La ley no exige que primero se apruebe otro estatuto para que el actual deje de regir. Por eso, pueden darse estas situaciones:
- Si antes de enero se aprueba una nueva ley, esa norma puede reemplazar al Estatuto actual o mantenerlo vigente durante más tiempo. Lo que ocurra dependerá de lo que establezca el texto aprobado.
- Si no se aprueba ninguna norma que cambie lo dispuesto, el 1 de enero de 2027 el Estatuto actual deja de regir, aunque todavía no exista otro que lo reemplace.
Por qué esto también importa cuando leés una noticia
FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino, sostiene que las protecciones laborales ayudan a que los periodistas trabajen con independencia frente a los poderes políticos y económicos. La organización profesional, que no es un sindicato, advierte que eliminar el Estatuto sin un reemplazo puede aumentar la vulnerabilidad de quienes investigan y publican información de interés público.
Un ejemplo hipotético ayuda a entenderlo. Una periodista investiga una contratación municipal que involucra a una empresa que también pone publicidad en su medio. Si recibe presiones para abandonar la investigación, su margen para resistirlas puede depender, entre otras cosas, de cuánto respaldo tenga frente a la posibilidad de perder el trabajo.
El riesgo para quienes se informan es que algunas noticias no lleguen a publicarse o se cuenten de manera incompleta. Si el temor a perder el trabajo lleva a evitar una pregunta o abandonar una investigación, pueden quedar sin conocerse irregularidades en el uso del dinero público, abusos de una empresa o decisiones que afectan a una comunidad. Esa información es la que permite a la sociedad reclamar, controlar a quienes tienen poder y tomar decisiones.
Qué perderían los periodistas y qué derechos seguirían vigentes
La derogación eliminaría protecciones específicas frente al despido y sobre la jornada laboral y las vacaciones. Una de ellas es la indemnización especial por despido injustificado, el Estatuto exige que el empleador pague seis meses de sueldo adicionales a otros conceptos que correspondan. Ese pago extra dejaría de estar garantizado por esta ley.
También desaparecería el respaldo del Estatuto al límite de 36 horas semanales de trabajo y a su régimen de vacaciones en días hábiles. Para una persona con hasta cinco años de antigüedad, el Estatuto establece 15 días hábiles de vacaciones, mientras que la Ley de Contrato de Trabajo fija 14 días corridos, que incluyen fines de semana y feriados.
En general, quienes trabajan como empleados de un medio seguirían alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo y por los convenios colectivos que correspondan. Estos acuerdos entre representantes de trabajadores y empleadores podrían conservar algunas de esas condiciones, según cada caso. Por eso, los efectos dependerían también del convenio y del contrato aplicables, pero se perdería la garantía que hoy establece una ley específica para la actividad.
La libertad de prensa y el secreto de las fuentes de información periodística seguirían protegidos por la Constitución. Las organizaciones de prensa reclaman conservar las garantías laborales porque consideran que ayudan a ejercer esos derechos. Un periodista con mayor respaldo frente al despido tiene mejores condiciones para resistir presiones. Según plantean, el miedo a perder el trabajo puede llevar a abandonar una investigación o dejar de publicar una noticia que incomode a personas con poder.
Por qué se propone actualizar el Estatuto
El texto original se pensó para un sistema de medios muy distinto del actual. Hoy hay redacciones que producen para sitios web, canales de streaming y redes sociales, además de nuevas formas de organizar el trabajo. Una actualización permitiría establecer con mayor claridad qué tareas y modalidades quedan comprendidas y qué derechos les corresponden.
En junio, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREN, y sindicatos del sector presentaron una propuesta que contempla plataformas digitales, inteligencia artificial, teletrabajo, cuidados y salud. También incorpora una cláusula de conciencia: permitiría que un periodista termine la relación laboral y cobre las indemnizaciones previstas si un cambio importante en la orientación editorial del medio resulta incompatible con sus convicciones morales.
FOPEA también presentó aportes para contemplar proyectos gestionados por sus propios trabajadores y el derecho a la desconexión, es decir, no tener que responder comunicaciones laborales fuera del horario de trabajo. Son propuestas de actualización, todavía deben convertirse en una ley para que esas nuevas disposiciones sean obligatorias.
Qué pasó hasta ahora en el Congreso
El 9 de junio de 2026, una comisión del Senado recibió la propuesta impulsada por los gremios en una reunión informativa. El 16 de septiembre, esa misma comisión escuchó a representantes de FOPEA. Hubo, entonces, espacios para presentar ideas y discutir qué debería incluir una nueva norma.
También se presentaron proyectos para evitar que el Estatuto deje de regir. En el Senado, Jorge Capitanich y otros legisladores propusieron mantenerlo durante un año más. En Diputados, Sergio Palazzo y Sebastián Galmarini impulsaron iniciativas para dejar sin efecto su derogación. Son alternativas para sostener la protección actual mientras se discute su futuro.
Hasta la fecha de esta nota, no hay una nueva ley que cambie el plazo previsto. Presentar un proyecto o participar de una reunión no modifica la decisión que ya se votó. Para mantener el Estatuto después de diciembre, hace falta aprobar una norma que lo disponga.
El petitorio para que el Estatuto siga vigente
Periodistas de medios de distintas regiones del país impulsan una recolección de firmas para presentar ante diputados y senadores, que el Estatuto del Periodista siga vigente hasta que se apruebe una ley que lo actualice y reemplace. La iniciativa permite que otras personas adhieran a esa solicitud mediante un formulario público.
Quienes promueven el petitorio reconocen que la norma necesita adaptarse a las formas actuales de trabajar en periodismo. Piden que esa actualización se discuta mientras el Estatuto continúa vigente, para evitar que sus protecciones se eliminen antes de que exista un reemplazo.
